El Gobierno tiene listo el proyecto de movilidad de las jubilaciones estatales. Sólo estaría esperando el "momento político" más oportuno para difundirlo y enviarlo al Congreso, confiaron a Clarín fuentes de la Casa Rosada y legisladores del oficialismo.

El texto -según pudo saber este diario- plantearía que los haberes jubilatorios se ajustarán por un índice que combinará la variación de los salarios y de la recaudación previsional. Se habría dejado de lado un criterio inicial de utilizar el índice de salarios con el de la inflación por los cuestionamientos que existe sobre las cifras de precios del INDEC.

El ajuste comprende a casi 4,6 millones de jubilados y pensionados a quienes se les viene ajustando sus haberes por decreto o ley del Congreso, sin relación con el costo de vida o los salarios. Por ejemplo, este año el Gobierno dispuso una suba del 7,5% en marzo y otro 7,5% a partir de julio, muy por debajo de los aumentos salariales acordados en las paritarias (entre 20 y 32% escalonado) y también muy inferior a la inflación real (25%).

Otro indicio de que el Gobierno tiene decidido enviar el proyecto al Congreso lo dio Consejero Técnico Principal para América Latina de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo), Alejandro Bonilla García.

En Buenos Aires, y luego de reunirse con los más altos de funcionarios del Ministerio de Trabajo, Bonilla le dijo a Clarín que "la Argentina se comprometió a ratificar el convenio de OIT de movilidad jubilatoria. El Convenio 102 acordado por todos los países en la Conferencia Internacional, plantea que el haber jubilatorio inicial tiene que tener una relación con los ingresos de los trabajadores y de ahí en adelante deben ser móviles en función ya sea de la suba de salarios o del índice de precios o una combinación de ambos".

-¿Qué implicaría para los jubilados que la Argentina ratifique ese convenio?, preguntó Clarín.

-Que lo tiene que aplicar en el país. A partir de la fecha en que ratifica el convenio, tiene un año para ponerlo en práctica. Y a partir de ratificarlo ya queda como un compromiso del que tiene que rendir informes a la OIT y a su comisión de expertos cada año", respondió Bonilla.

La decisión de enviar el proyecto al Congreso se aceleró en los últimos días por el incremento de los reclamos judiciales de los jubilados. Tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Badaro -que ordenó ajustar los haberes entre enero de 2002 y diciembre de 2006 un 88,6%, según la evolución del índice de salarios- se produjo una catarata de juicios.

Por su parte, tanto los jueces de primera instancia como la Cámara de Seguridad Social vienen aplicando en sus sentencias la doctrina Badaro. A esto se agregó que la Sala II de la Seguridad Social estableció que la movilidad por la evolución de los salarios debe ser "permanente" para que los jubilados que ya tuvieron fallos favorables no tengan que hacer un nuevo juicio.

A su vez, la Defensoría del Pueblo presentó un recurso colectivo para que todos los jubilados reciban el ajuste Badaro, hayan hecho o no el reclamo judicial. Hay 1.100.000 jubilados que recibieron aumentos inferiores al fijado por la Corte Suprema.

Clarin 17/6/08