Los años ochenta fueron mucho más que moda retro. Fue la época en que la violencia de género se empezó a estudiar en profundidad. La Argentina adscribió a tratados y convenciones internacionales que dieron lugar a la intervención estatal y a la creación de organismos orientados a concientizar y hacer visible el problema como delito. Hoy, más del sesenta por ciento de los llamados para pedir ayuda al Gobierno porteño provienen de personas que tienen estudios medios o universitarios. Y más del 50% tienen trabajo. 

Alicia Muñoz, la fallecida mujer del boxeador Carlos Monzón, fue el caso paradigmático de violencia doméstica. “Su muerte marca un antes y un después en los ochenta. La sociedad, los medios y el Estado empezaron a tomar real conciencia de lo que pasaba en las familias. Después vino el influjo de las conferencias mundiales y la modificación de nuestra legislación”, dice Mercedes Boschi, titular de la Dirección General de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social porteño. 

La Constitución nacional –tras la reforma de 1994– y la de la Ciudad recogen las recomendaciones de la Convención Interamericana y la Conferencia de Beijing, entre otras. Luego vendría la Ley Nacional 24.417 contra la Violencia y la 1688 de la Ciudad, Prevención de Violencia Familiar. 

Sólo en la provincia de Buenos Aires, una mujer es asesinada cada tres días, según el Observatorio Institucional sobre la Violencia de Género. "En el 70% de los casos los asesinos son personas vinculadas sentimentalmente a ellas, y la mayoría de las denuncias provienen de mujeres.” El Consejo Nacional de la Mujer define las bases de la violencia de género como “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que responde a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad”.

Los profesionales reconocen que la visibilización de la violencia contra las mujeres se ve limitada por la debilidad de las estadísticas. Sin embargo, los llamados que recibió el Gobierno de la Ciudad en 2007 para pedir auxilio o asesoramiento, como primer paso, son sugestivos. Marcan un patrón que desmitifica la idea que asocia la violencia con pobreza o falta de educación. Las estadísticas de los ocho Centros Integrales de la Mujer que funcionan en la Ciudad arrojan que la mayor cantidad de llamadas, un 25%, proviene de gente que tiene secundario completo. 

Si se toma el conjunto de los niveles medios, terciarios y universitarios, suman más de un 60% sobre 600 casos. En siete de los ocho centros se repite una diferencia de un 4% más de mujeres que llaman de nivel educativo “universitario completo” frente a quienes tienen primario incompleto. Más llamativo, si se considera que tres de los centros están ubicados en barrios donde se concentran habitantes de bajos recursos, como Constitución, Villa Lugano y San Telmo. “La violencia transversaliza las clases sociales.” 

El hecho es que en los últimos años las mujeres de media y media alta empezaron a tomar más libertad para pedir auxilio y se desprenden del ideal de familias perfectas”, explica la psicoterapeuta Eva Tabakian. Aunque desde Desarrollo Social aclaran que “después utilizan los servicios privados, mientras que los de menores recursos se atienden con los programas gratuitos del Estado”. 

La Dirección de la Mujer de la Ciudad promueve su línea telefónica y gratuita que atiende las 24 horas a mujeres maltratadas: 0800-666-8537 MUJER. Los ocho Centros Integrales de la Mujer cuentan con diferentes programas gratuitos: asistencia al maltrato infantil, mujeres víctimas de delitos sexuales, para hombres violentos, programa Lazos (mujeres golpeadas por sus hijos), noviazgos violentos Te ayudo (0800-66-68537), Hogar para Madres Adolescentes, casas de Refugio y de Medio Camino, que tiene como objetivo ofrecer a las mujeres egresadas del hogar un espacio de formación que facilite su reinserción a la vida social y económica.

Euridice Ferrara