El pasado 3 de enero se levantó el secreto de sumario dispuesto por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y ese mismo día se dictó el procesamiento de las personas detenidas en dicha causa, el jefe de Prefectura Zona Delta Rubén Iglesias, el encargado de la custodia de Febres quien también vivía en dicho lugar, el prefecto Angel Volpi, la esposa de Febres, su hijo (también prefecto) y su hija.
La jueza resolvió procesar a los prefectos por considerarlos partícipes necesarios del homicidio triplemente agravado de Febres. Sin la participación voluntaria y conciente de estos prefectos no se hubiera podido asesinar a Febres. Los familiares fueron procesados por encubrimiento, por lo que fueron liberados. Pero lo más interesante del fallo es lo concerniente a las condiciones de detención del genocida, acusado de cometer cientos, por no decir miles de torturas, desapariciones y robo de bebés, así como los motivos que pudieron llevar a asesinarlo y la actuación de la Marina bajo el mando del almirante Godoy.

Las escandalosas condiciones de detención

Con la investigación del asesinato pudimos conocer en profundidad la escandalosa situación en la que estaba detenido Febres en la sede de la Prefectura, durante casi 9 años.
Entre otros beneficios otorgados por la Fuerza, Febres tenía una “celda” de más de 40 m2, dos teléfonos de línea, dos celulares, computadora con internet, aire acondicionado, heladera, televisor, DVD, microondas y sillones. Contaba con la llave para moverse con comodidad por todo el edificio. Hasta pedía comida a un delivery y la pagaba con sus tarjetas de crédito. Recibía además todo tipo de visitas sin que se las requise ni registre en libro alguno, sobre todo los sábados a la noche, donde sus amigos pasaban a jugar a las cartas hasta altas horas de la madrugada. Jugaba al tenis con prefectos de ese destacamento quienes le habían acondicionado una canchita de futbol 5 que estaba al lado. Su “celda” tenía baño en suite, y tenía acceso irrestricto a la terraza y a todo el edificio de la Prefectura. Encima le habían puesto a un oficial como chofer de su esposa para todo quehacer y hasta se quedaba a dormir en la celda con su esposo.
La Fuerza también le cedía el amplio y lujoso salón del Casino de Oficiales para que pudiera celebrar el bautismo de su nieto con más de 30 invitados o el cumpleaños de su esposa, donde también era provisto de mozos. Pese a estar detenido, Febres fue invitado a la cena aniversario por los 197 años de esta Fuerza realizada en el Casino de Oficiales de dicho edificio, donde junto a su señora compartió la mesa con el jefe de dicha repartición, el Prefecto Iglesias, quien ahora es procesado por su homicidio.
Febres también era trasladado a veranear a la Base de la Marina de Azul, durante los años 2003, 2004, 2005, estando por ende bajo la responsabilidad del Almirante Godoy. En su camarote se secuestró una infracción de tránsito de Las Palmas, España, en el 2005, a nombre de Alfredo Febres, pero con un número de cédula de identidad que coincide con la de Héctor Febres. Aparentemente, el reo hizo un viajecito a Europa mientras estaba detenido.
Como ya lo reflejáramos en estas páginas, en la primer audiencia oral del juicio que se le estaba siguiendo a Febres, la querella que conformamos desde el espacio JUSTICIA YA pidió como medida urgente al Tribunal Oral Federal Nº 5 que se le revoquen a Febres los beneficios que venía gozando.
El TOF Nº5 rechazó esta elemental medida, al igual que el juez Torres, a quien tiempo antes se le había hecho similar pedido, con el argumento falso de que Febres estaba a disposición del TOF Nº6 por la causa Nicolaides en la que se investiga el plan sistemático de apropiación de menores. En el procesamiento la jueza reconoce que el TOF 5 mintió, ya que Febres había sido excarcelado por la causa Nicolaides en el 2005, o sea que como denunciáramos en su momento, el TOF Nº5 podía cambiar esta situación y se negó utilizando argumentos falsos. Por este motivo presentamos una denuncia en el Consejo de la Magistratura para que se le inicie juri de enjuiciamiento a los integrantes del TOF Nº 5 y al juez Sergio Torres, quienes permitieron durante años que Febres y tantos otros genocidas estuvieran detenidos en semejantes condiciones.

La hipótesis del asesinato

La hipótesis que adopta la jueza establece que todas estos beneficios tendían a evitar que Febres se quebrara, a aumentar su pertenencia y lealtad a la Fuerza y a ganar su confianza. Recordemos que Volpi vivía con él y había trabado amistad para tenerlo absolutamente vigilado, conociendo hasta sus íntimos pensamientos para, llegado el caso que se pudiera poner en peligro a la Fuerza (ya sea la Prefectura o la Marina quienes al día de hoy mantienen relaciones de operaciones cotidianas), actuar libremente, como lo hicieron. La hipótesis del fallo establece que Febres estaba seriamente resentido con la Marina, que podía llegar a hablar y poner en riesgo a represores de la Marina u apropiadores de los niños nacidos en la ESMA. En el expediente consta la declaración del defensor oficial de Febres, el Dr. Rodolfo Catinelli, quien dijo que en una visita estaba con alguien que se identificó como jefe de Inteligencia de Prefectura, y que tanto éste, como Febres, lo trataron de ingenuo, ya que decían que el juicio oral de Febres se trataba de un “globo de ensayo” organizado por la Armada. Esta misma opinión, en cuanto a que era una prueba de la Marina, tenían varios de los sobrevivientes de la ESMA. Febres opinaba que la Armada lo había entregado a la Justicia como un “perejil”, según declaran sus allegados.
También está demostrado en el expediente que Febres estaba amenazado por la Armada. Un allegado a Febres de nombre Giulliani contó que en una visita vio a una persona que lo estaba intimidando a los fines que guardara silencio, y dijo: “tenía un aspecto de matón, parecía de los tipos del FBI, sólo le faltaban los anteojos negros”. También relató que Febres le dijo que “la única solución que me queda es no hablar”.
Realmente es difícil adivinar si Febres hablaría o no en el juicio. En general la norma ha sido el silencio. Pero como dijéramos desde el momento mismo en que se supo de su muerte a consecuencia del cianuro, afirmamos que se trataba de un mensaje de tipo mafioso, otro más junto a la desaparición de Julio López, que demuestra que pese a lo poco que se ha avanzado en el juicio y castigo a los genocidas hay sectores que no están dispuestos a tolerar estos juicios y buscarán con estas acciones un nuevo punto final. Desde el Ce.Pro.DH creemos que sólo la intervención y la movilización obrera y popular puede hacer avanzar seriamente el castigo de los miles de genocidas que actuaron en la dictadura.
La muerte de Febres también desnuda el discurso de Cristina Kirchner en cuanto a “separar la paja del trigo”, como si a estas Fuerzas represivas se las pudiera depurar. Este Estado se niega a aportar los archivos de la represión, lo que permitiría conocer a todos los que actuaron en la dictadura, el destino de los compañeros desaparecidos y de los cientos de niños apropiados, a quienes como única alternativa el Estado le ofrece que duden de su identidad invirtiendo de este modo la responsabilidad sobre las apropiaciones de niños. Desde Justicia Ya estaremos solicitando a la Jueza que tome acciones contra toda la cúpula de Prefectura incluido el destituido prefecto Fernández (responsable también de la ilegal represión del casino) y contra quien fuera ministro del Interior durante gran parte de la detención de Febres, el Sr. Aníbal Fernández.