Jueves 21 de febrero de 2008

LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA YA! RECLAMARON ANTE EL GOBERNADOR

“Scioli tiene un desaparecido en su provincia y dice que ‘va a estudiar’ el caso”

Por Myriam Bregman

A 17 meses de la desaparición de Julio López y el encubrimiento policial, sigue la impunidad y no hay siquiera un imputado

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El martes 19, a un día de cumplirse 17 meses del secuestro y desaparición de nuestro compañero, testigo y querellante, Julio López, fuimos recibidos por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto a la secretaria de Derechos Humanos, Sara Covacho, y por el ministro de Justicia, Ricardo Casal.

La delegación de Justicia ya estuvo integrada por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Anahí, el CODESEDH, CeProDH, HIJOS La Plata, CADHU, Unión por los Derechos Humanos de La Plata, acompañando también la Central de Trabajadores Argentinos –La Plata.

La reunión tuvo características sumamente formales; en ella manifestamos los distintos puntos que le venimos reclamando al gobierno de la provincia, y le entregamos un documento que entre otras cuestiones denuncia el escandaloso rol que viene cumpliendo la policía provincial en lo que debería ser la investigación por el secuestro de Julio.

Le reiteramos el reclamo de que se aparte a la Policía de la investigación, expresando “que los elementos que constan en la causa acreditan cabalmente que la Policía ha obstaculizado intencionalmente la investigación, realizando las medidas ordenadas por el Poder Judicial de manera formal y sólo para evitar las sanciones que acarrearía una lisa y llana negativa. Ha desviado y encubierto líneas investigativas, tal el caso del entonces Superintendente Oscar Alberto Farinelli; ha omitido realizar medidas de prueba que se le solicitaron, en especial cuando éstas involucran uniformados”.

Y destacamos oralmente y en el documento entregado: “creemos también necesario manifestar que la fuerza a la que -de acuerdo a sus declaraciones públicas y las de su Ministro de Seguridad- pretende darle “mayor poder de fuego” y para la que solicita a la sociedad “tenga confianza en ella”, está integrada por1:

• 9026 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1983, es decir, que fueron formados bajo la conducción de Ramón Camps, Pablo Ricchieri y Miguel Osvaldo Etchecolatz.

• 3102 miembros que estaban en funciones con anterioridad a 1979, es decir, el período donde la Policía tuvo en funcionamiento casi 30 centros clandestinos de detención, y participó del secuestro, tortura, asesinato, apropiación de niños y desaparición de más de 5000 personas.

• Casi un centenar de miembros cuyo legajo acredita en forma fehaciente que revistaron en centros clandestinos de detención. De ellos, fueron pasados a retiro sólo 36. El Ministerio de Seguridad informó esto pero se negó a dar los nombres, porque “estaba en juego la gobernabilidad de la fuerza” según nos dijeron en la última reunión que mantuvimos.

• De los 24 jefes departamentales que esta gestión designó, 12 están incluidos en el referido listado de 9026 efectivos ingresados a la fuerza con anterioridad a 1983.

Por otra parte, recientemente se ha informado que el Ministerio de Seguridad estudia un plan que incluye la coordinación de esfuerzos, capacidades y medios de las agencias de seguridad privadas con la Policía.

Debemos denunciar que durante estos años, las agencias de seguridad privadas han sido en muchos casos el reducto de represores, miembros exonerados de la fuerza e incluso miembros en actividad…”. No podemos soslayar la gravedad de conformar un ejército de más de 120.000 miembros, con capacidad operativa y poder de fuego, so pretexto de la “inseguridad” que asola a la Provincia.

El gobernador dijo que estudiaría los reclamos y allí concluyó el punto. Scioli tiene un desaparecido en su provincia y dice que ‘va a estudiar’ el caso.

Pero los organismos teníamos algo más que expresarle: la situación de los trabajadores de la empresa Mafissa. Le manifestamos nuestra preocupación por la situación que allí se desarrolla por varios motivos, una por el fiscal que interviene en la causa, un conocido fiscal propicio a reprimir protestas y manifestaciones. Y otra, la posibilidad que el gobierno utilice la salida represiva en un conflicto laboral (una vez más).

Porque, como le habíamos dicho en el punto anterior, sigue siendo la policía de Camps y Etchecolatz, porque esos empresarios tienen desde hace años estrechas relaciones con la policía y la empresa cuenta con al menos 15 trabajadores que fueron detenidos- desaparecidos.

Al salir, realizamos una conferencia de prensa donde informamos en qué consistió la reunión, qué reclamos habíamos efectuado en relación a la causa de Julio López, y como dijimos allí “no es necesario preguntarnos qué balance hacemos, porque es evidente que es desastroso, Julio continúa desaparecido y la causa impune y sin siquiera un imputado”. También informamos a la prensa del reclamo a favor de los trabajadores de Mafissa.

1 Datos suministrados por el Ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires - Marzo 2007