Un fallo algo incómodo pero prudente: así
califican en el Poder Ejecutivo a la decisión de la Corte Suprema en el caso Badaro, donde se ordena al Congreso dar una solución general al problema del retraso de los haberes jubilatorios y de la falta de movilidad. El tema viene en debate desde los años ’90, cuando la Ley de Solidaridad Previsional eliminó la movilidad y el criterio de jubilación como proporción del salario.

Los haberes estuvieron mucho tiempo congelados, y la administración de Néstor Kirchner comenzó a ajustarlos pero con un criterio particular: concentrándose en las jubilaciones mínimas, lo que acortó notablemente la brecha entre los que cobran menos y los que cobran más, aunque estos hayan hecho aportes considerables. La mínima logró así sobreponerse a la inflación de los últimos años –dando un sentido de equidad a la decisión del Gobierno– pero una porción importante de los jubilados ha enfrentado una sustancial pérdida de poder adquisitivo por no haber recibido mejoras.

En junio pasado, el Gobierno tomó dos medidas: aumentó la jubilación mínima a $ 470 (estaba en 390) y estableció un aumento del 11 % general. Esto significó un aumento superior al 20 % para los que cobraban menos pero implicó un primer aumento para los haberes mayores.

En una economía inflacionaria, y con aumentos de salarios consistentes con la inflación o superiores a ella en el último tiempo, se tornaba insostenible la situación de los jubilados. El impacto fiscal de esta suba se calculó en $ 2000 millones en 2006 –por no tratarse de todo el año– o de $ 3.500 millones anuales. El dinero sale del superávit del Anses, sin afectar las cuentas públicas, aunque en la realidad reduce el superávit primario.

Badaro. El caso que llegó a la Corte Suprema viene rodando desde 1996. Se trata de un conductor naval que hizo los aportes correspondientes y protestó en la Justicia por la falta de movilidad de su haber. En el último período afrontó una inflación superior al 80% y recibió una sola suba, la del 11% en junio pasado.

Badaro cobra como jubilado $1.223, y pidió a la Justicia –entusiasmado por fallos en la cámara de la Seguridad Social– que se le restablezca la movilidad y que se le reconozca el atraso en su haber desde 1995. Sus asesores legales aspiraban a que la Corte, además de respaldar el pedido como hizo, explicitara también una forma de ajuste. En este sentido, a Badaro le quedó un sabor amargo: la Corte le dio la razón pero no arregló su caso.