Mientras festejaba el superávit fiscal récord, Cristina Kirchner firmaba un mísero aumento desdoblado de las jubilaciones del 7,5%. La Anses, asimismo, con 18.700 millones de pesos en caja, seguirá financiando el pago de la deuda pública, actuando como una AFJP. El superávit que se utiliza para pagar los intereses de la deuda, y la deuda misma, sale de la confiscación adicional y extraordinaria que sufren los jubilados desde 2002 en adelante.
El 7,5% desdoblado no repone la inflación de 2007 ni tampoco la que se proyecta para 2008. Es inferior al mísero aumento salarial "pactado" que recibirán camioneros, docentes o los trabajadores de la construcción.
Según Clarín (17/2), "actualmente el haber medio del régimen público es de 730 pesos, mientras el sueldo medio sobre el que se realizan los aportes al sistema bordea los 2.100 pesos. Equivale al 36%". Como se ve, la jubilación media no sólo está muy lejos del 82% sino también de lo ordenado por la Corte Suprema. Este 36% volverá a bajar porque las jubilaciones van a subir menos que los salarios. Para aproximarse al 82%, en promedio, las jubilaciones deberían subir el 100%.
Para subrayar esa perfidia, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, acaba de decir que "sin una ley, las causas de los jubilados se tendrán que decidir una por una" (Clarín, 20/2). No es así. Los que se jubilaron lo hicieron por leyes que fijan el ajuste de las jubilaciones, sea de acuerdo con la evolución de los salarios, sea con el aumento de la recaudación previsional o, directamente, que establecen el 82 u 85% móvil, como es el caso de los docentes e investigadores científicos, con la garantía adicional de que el principio de movilidad figura en la Constitución Nacional. Si no fuese así ¿cómo se explica que los jueces, los camaristas y la Corte hubieran dictado sentencias que ordenan ajustar las jubilaciones por el índice de salarios o aplicar la movilidad a docentes o investigadores, declarando inconstitucional la ley de Menem-Cavallo que derogó esas movilidades?
La sanción de una nueva ley no solamente no resuelve nada sino que se corre el peligro de que sea usada para restringir, achicar o mutilar la movilidad que ya existe en todas las leyes previsionales vigentes.
Mientras tanto, cada jubilado debería recurrir por separado a la Justicia si quiere recibir algún ajuste. Pero, en ese caso, el jubilado habrá perdido el resarcimiento que le corresponde por el periodo de mayor confiscación de las jubilaciones (2001-2005), que ha quedado prescripto; además, el juicio mismo demora varios años.
La especulación del gobierno "nacional y popular" es que el grueso de los jubilados no haga juicio, que la prescripción legal vaya licuando todo y que el excedente de la Anses se siga usando para financiar el pago de la deuda usuraria.
Diego Diéguez |
