El Gobierno estudia enviar al Congreso el proyecto de ley que le exige desde hace dos años la Corte Suprema para devolver la movilidad a las jubilaciones y pensiones. Tal como adelantó ayer este diario, en la Casa Rosada buscan presentar la nueva norma en las próximas semanas, como parte del Pacto del Bicentenario. Pero en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguran que el proyecto todavía “está verde” y que no puede comprometerse el excedente fiscal sin un estudio más exhaustivo.

El debate interno en el Ejecutivo tiene en vilo a más de un millón de jubilados cuyos ingresos fueron en zaga a los salarios de los empleados activos desde 2001. En la ANSES todavía dudan si atar los haberes previsionales a la evolución de esos salarios, como exigió la Corte en el caso testigo de Adolfo Badaro. El flamante jefe del organismo, Amado Boudou, propone que sigan también la recaudación de aportes a la seguridad social.

Todos coinciden en que la movilidad no regirá este año sino recién el próximo.

Desde la devaluación hasta marzo pasado, el Índice de Salarios del INDEC trepó un 140,95 por ciento. En ese lapso, más de 1.100.000 jubilados obtuvieron aumentos inferiores.

Los más perjudicados fueron quienes en 2002 ganaban más de 1.000 pesos. Hoy cobran 1.516 pesos, cuando según la Justicia deberían percibir 2.400. Para ellos, el ajuste que exigió la Corte en su segundo fallo de noviembre último es del 58 por ciento.

La movilidad automática fue enterrada por Domingo Cavallo en 1991 y siguió sin regir durante todo el mandato de Néstor Kirchner. La inflación impuso nuevamente los ajustes, pero todos fueron por decreto. Los únicos que le ganaron a la suba del costo de vida fueron los que cobraban inicialmente menos de 220 pesos.

La abogada del caso Badaro, Graciela Stasevich, opinó que si se mantiene achatada la pirámide de ingresos de los pasivos, los juicios seguirán. En lo que va de 2008, la Justicia recibió entre tres mil y seis mil nuevas demandas por mes.

El juez Luis Herrero, de la Cámara de la Seguridad Social, fue aún más lejos. “Hoy el jubilado que quiere gozar de la garantía que le da la Constitución tiene que hacer juicio. Y si la nueva ley no sigue estrictamente el criterio de la Corte, se va a abrir la puerta a otra catarata de juicios”. Herrero dictó hace un mes un fallo para que la actualización se haga cada fin de año. La ANSES lo apeló.

Pero la recaudación récord le deja al Gobierno poco margen para la rigidez. Según la consultora Economía y Regiones (E&R), el excedente fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) rondará este año los 37.600 millones de pesos, un 46% más que el año pasado.

Otra consultora privada, Econométrica, calculó que actualizar las jubilaciones según el criterio de la Corte le costaría al Tesoro unos 8.000 millones de pesos anuales. Una cuarta parte del superávit. Y que cubrir el retroactivo de los últimos seis años insumiría otros 16.000 millones.

La ANSES no está ahogada financieramente. Acumula un fondo de 19.700 millones de pesos que colocó en plazos fijos, títulos públicos y letras. Desde este año, percibe los aportes de más de un millón de trabajadores que dejaron las AFJP para volver al sistema de reparto. Y acaba de renovar un préstamo de mil millones al Tesoro para gastos generales. 

(Critica Digital 23/5/08)