El gobierno de Néstor Kirchner ya había cumplido el compromiso de derogar varios artículos de la llamada ley de Solidaridad Previsional, implementada por Domingo Cavallo, y que justificaba el retraso judicial y del incumplimiento de las sentencias en la “falta de recursos del Estado”. Sin embargo, los demandantes objetaron que “a pesar de la eliminación de las trabas burocráticas, ni los jueces de primera instancia ni la Anses cumplen con el pago de las mismas”.

“El Estado argentino tiene 30 días para proponer las soluciones y nosotros, los demandantes, otros 30 días par hacer las observaciones a la propuesta. A partir de allí, esperamos lograr la solución amistosa, aunque nos sorprendió la actitud de algunos representantes legales de la Cancillería y del Ministerio de Justicia que quisieron imponer de un modo prepotente la firma de un acuerdo, sin que se hayan liberado todas las trabas para el cobro de las sentencias”, explicó a Página/12 el abogado demandante Sergio Carlos Bobrovsky desde Washington, antes de abordar el avión de regreso a Buenos Aires.

La reunión en la sede de la CIDH había sido convocada para la firma del acta que rubricaría una “solución amistosa” de la demanda, aunque finalmente no hubo acuerdo. “La actuación de los jueces de primera instancia es muy poco ejecutiva, a pesar de la derogación de los artículos de la ley de Solidaridad Previsional que hacían más engorrosa la ejecución de la sentencia. No cumplen con las cuestiones de fondo que plante la Corte Suprema y terminaron generando un derecho procesal especial para la Anses: citan hasta cuatro veces a sus responsables para que hagan efectivo el pago de la sentencia y a pesar del incumplimiento tampoco decreta el embargo sobre sus fondos y sus bienes. Un privilegio que no tiene ningún otro ciudadano en la Argentina”, insistió Bobrovsky.

A partir de 2003, el gobierno argentino varió su posición e inició conversaciones en búsqueda de una solución a la denuncia iniciada por los jubilados Juan Manuel Caride y Amílcar Menéndez, a cuya causa la CIDH incorporó luego a otros demandantes, para finalmente generalizar la demanda a todos los juicios iniciados contra el Estado Argentino por el incumplimiento en el reajuste de los haberes jubilatorios.

El gobierno de Néstor Kirchner se comprometió a derogar varios artículos de la ley 24.463 que trababa el pago de las sentencias. La ley se modificó y su nueva redacción entró en vigencia en enero de 2007. Aunque la resolución de la CIDH no es vinculante, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentará por cualquier medio que el organismo no sancione “moralmente” a la Argentina por violación a los derechos humanos de sus jubilados y pensionados.

P.12 - 13/3/08