Funcionarios, legisladores y académicos coincidieron en la necesidad de una nueva legislación que contemple la autonomía y también el vínculo de la universidad con la sociedad. Para Educación, no debería ser una ley reglamentarista.

Por Julián Bruschtein

El debate por una nueva norma para la educación universitaria continúa su larga marcha. En ese contexto, ayer se realizó en el Senado la primera jornada del foro “Hacia una nueva Ley de Educación Superior”, organizado para debatir la elaboración de contenidos que reemplacen a los que regulan al sector desde 1995. Entre las autoridades, los legisladores y los referentes del ámbito académico que participaron del debate hubo coincidencia en la idea de la “autonomía responsable” y de la necesaria vinculación de “las universidades con la sociedad”.
Con la imponente araña del Salón Azul del Congreso pendiendo sobre los asistentes, fue la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara alta, Blanca Osuna, quien tomó la palabra ante el vicepresidente, Julio Cobos, y el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, entre otros. La legisladora entrerriana hizo hincapié en la voluntad oficial “de entrar en otra etapa” en materia educativa. “Ya se realizaron cambios fundantes que crearon una nueva arquitectura a nivel de normas educativas: las leyes de Financiamiento Educativo, de Formación Técnica y la Ley Nacional de Educación”, recordó. Y planteó que con la modificación de las leyes se estaban “encauzando cambios que no son de un partido ni de un gobierno, sino para un proyecto de país”.
En el salón se pudo ver a representantes de diferentes sectores del ámbito de la educación. Estaban el secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, así como rectores y decanos de universidades nacionales, como Ruben Hallu, de la UBA, y Silvio Feldman, de la UNGS, miembros de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), dirigentes de los gremios docentes y hasta el impulsor de la ley vigente, Juan Carlos Del Bello, hoy rector interventor de la nueva Universidad Nacional de Río Negro.
A su turno, el ministro Tedesco calificó el debate como “necesario y urgente” porque “el campo de la producción de conocimientos está pasando por grandes cambios”. Y apeló a la “deuda que existe con la sociedad para superar los dos enfoques” que rigen hasta ahora: “No se puede seguir con la nostalgia del pasado ni con el neoliberalismo y su lógica del mercado”. Además, remarcó sobre el concepto de autonomía responsable que “en la Argentina existe una rica tradición autonómica” por parte de las universidades, pero que ésta “no debe significar oposición al Estado. La universidad tiene que asociarse, vincularse con las necesidades sociales”.
El debate sobre una nueva ley de educación superior que suplante a la 24.521 comenzó en 2007, bajo la gestión de Daniel Filmus en la cartera educativa. Su tratamiento se fue demorando y hoy es la única norma educativa del menemismo que continúa vigente. Por eso, Cobos fue tajante cuando dijo que había que “terminar con los parches”, en referencia a la sanción de una nueva ley y no a realizar modificaciones sobre la existente. Destacó también que “la universidad debe ser la nave insignia de la generación del conocimiento” y agregó que las casas de estudios se deben “adelantar a los cambios y no adaptarse”.
El economista Abraham Gak, ex rector de la Escuela Carlos Pellegrini y coordinador del Plan Fénix, planteó que había “un gran acuerdo sobre la gratuidad de la enseñanza de grado”, pero que hay que resolver la problemática de “la gratuidad de los posgrados. Habría que separarlos en dos categorías: por un lado, los que son para calificar y mejorar la capacidad de los profesionales, y por otro, los que son de formación para la enseñanza y la investigación. Al ser formadores de nuevos recursos humanos deberían ser gratuitos”.
La presidenta de la Comisión de Educación en Diputados, Adriana Puiggrós (FpV), planteó tres modelos en pugna en la región: “Un modelo que vincula universidad y mercado, otro que quiere restituir la antigua universidad y otro que mira a nuevos horizontes”, a la que adhirió, porque representa “la perspectiva latinoamericana vinculada con las necesidades de la región”.
Con gran capacidad oratoria, la titular del Instituto de Investigación de Educación Superior de América Latina y el Caribe (Iesalc-Unesco), la brasileña Ana Lúcia Gazzola, destacó que “pese a la posición mundial y de Europa, donde la educación superior es un negocio multimillonario, sin ninguna duda América latina y el Caribe defienden la educación pública, gratuita, con calidad y pertinencia”. Gazzola se refirió a lo que consideraba “el cáncer de las universidades: el conservadurismo y el corporativismo universitario. Hay que aceptar la crítica como elemento de transformación y perderle el miedo al corporativismo”.
Al finalizar, para alejar las críticas de algunos sectores académicos que plantean que la ley no debe ser demasiado reglamentarista, Dibbern expresó que esencialmente había que “sancionar una ley y no un estatuto. Hay que despojarse de sectarismos e ideologías para encauzar el debate, planificar el territorio utilizando capacidades existentes y, fundamentalmente, lograr que los estudiantes que egresan de las universidades generen mejor calidad de vida, no sólo para ellos, sino también para el país”.