El envío al Congreso del proyecto de retenciones móviles no es un "avance democrático", como pretenden tanto las patronales ruralistas como el gobierno nacional, sino simplemente un nuevo escenario en donde dos sectores igualmente capitalistas dirimirán el destino de los recursos obtenidos por las exportaciones agrarias. Nada bueno de estas negociaciones pueden esperar los trabajadores y el pueblo. Allí no se discute siquiera la anulación de la ley 22.248 sancionada por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, que permite la superexplotación del peón rural. Tampoco la expropiación de los 4000 grandes propietarios que sumados poseen ochenta y cuatro millones de hectáreas (sí, leyó bien, 84.000.000), la mitad de las tierras utilizables para agricultura y ganadería que existen en el país. Y, menos que menos, la nacionalización de los puertos y el monopolio del comercio exterior, que permitiría utilizar para satisfacer las necesidades populares las ganancias multimillonarias de los oligopolios exportadores como Cargill, Bunge o Dreyfus.
La belicosidad expresada en estos más de cien días por los ruralistas va más allá de la disputa por unos puntos más o menos de retenciones. Si bien éstas dan cuenta tan sólo de un 13 por ciento de la recaudación total —que mayoritariamente proviene de impuestos al consumo como el IVA, es decir, del bolsillo obrero y popular– y el porcentaje de lo producido por el campo en el conjunto del PBI es relativamente menor, la dinámica ascendente de las exportaciones del sector en los últimos años ha potenciado la fuerza relativa de la gran burguesía agraria, resultado que también se explica por el proceso de "reprimarización" vivido en la década de los '90 y no modificado en lo sustancial en estos años. Esta fracción capitalista quiere lograr no sólo mantener (y si fuese posible aumentar) la alta rentabilidad obtenida en los últimos años, sino ganar un lugar de mayor predominio al interior de la clase burguesa, cuando el esquema económico que rige desde la devaluación empieza a mostrar sus debilidades, y esto en el marco de desarrollo de una crisis capitalista internacional con futuro incierto. Lamentablemente, una parte de la izquierda le ha hecho de comparsa a este sector, mostrando una pérdida completa de rumbo.
El Gobierno, por su parte, no impulsó las retenciones móviles para defender el bolsillo de los trabajadores o para impedir la continuidad de las tendencias al monocultivo sojero. Recurrió a este mecanismo como una fuente de recursos para "redistribuir" a favor esencialmente de los grandes industriales exportadores y otros grupos de capitalistas aliados al Gobierno (los beneficiarios de las "argentinizaciones"), así como para el pago de deuda externa. El propio decreto sancionado el 9 de junio por el Gobierno, que plantea que el dinero obtenido en concepto de retenciones a la soja por arriba del 35 por ciento se destinará para la construcción de hospitales, escuelas y caminos, es toda una confesión de que el resto de lo recaudado no se utiliza para resolver las penurias y necesidades del pueblo, sino para pagar la deuda externa y seguir subsidiando a los grandes capitalistas, ¿o acaso durante los cinco años que van de gobierno de los Kirchner no se continuó desarrollando la concentración de la producción agraria, proceso que, entre otras cuestiones, implicó la expulsión de miles de familias –algunos dicen que llegarían a 300.000 en la última década– de campesinos (gran parte de ellos pertenecientes a los pueblos originarios) que sembraban alimentos y criaban animales para autoconsumo? Al contrario de lo que afirman los intelectuales que apoyan al Gobierno (que con el argumento de enfrentar a una "nueva derecha" son, en realidad, predicadores de lo que Gramsci denominaba un nuevo conformismo), los Kirchner vienen apelando a la retórica "nacional y popular" de la "distribución del ingreso" para hacer pasar un programa reaccionario. En estos años, mientras los capitalistas recuperaron fuertemente sus ganancias, el salario obrero apenas llegó a los niveles ya bajos del 2001. Las luchas de los trabajadores que, enfrentando despidos y provocaciones patronales, salieron del control de las direcciones burocráticas aliadas al Gobierno terminaron con fuertes represiones y trabajadores procesados, como ocurrió este verano en el Casino Flotante (del empresario kirchnerista Cristóbal López) o en la textil Mafissa, donde los obreros fueron desalojados en un operativo con más de 700 policías. Ahora, con el lema de "queremos volver a recuperar la normalidad institucional", el Gobierno utiliza el antipopular lockout empresario y el desabastecimiento para impugnar todo método de lucha extraparlamentaria y el recurso a la acción directa, ya sea que tengan objetivos reaccionarios, como ocurre con las patronales agrarias, o que sean utilizados por los trabajadores y sectores populares por sus legítimas demandas: "Nada se arregla con cortes de ruta" es el nuevo discurso oficial. Los que se llegaron a presentar como herederos de la rebelión del 2001 quieren restaurar ahora el principio según el cual no habría que haber reclamado en las calles que se vayan De la Rúa y Cavallo, y sólo se podía esperar a las próximas elecciones para reemplazarlos.
Los "campos" que están enfrentados no son los nuestros. Frente a la disputa entre dos sectores de "los de arriba" es preciso insistir en la importancia de mantener una posición independiente de ambos bloques capitalistas: "Ni con el Gobierno ni con las entidades patronales 'del campo'", como dice la declaración que suscribimos alrededor de 500 intelectuales, docentes universitarios y trabajadores de la cultura. Como ha mostrado toda la experiencia política reciente, la apuesta a los "males menores" sólo ha servido para abrir la puerta a "males mayores". Para que el deterioro de un gobierno (que nuevamente ha mostrado la completa imposibilidad de la "burguesía nacional" para sacar al país del atraso y la dependencia) no sea aprovechado por otras variantes de la clase dominante, no hay otra salida que poner todas las energías en el desarrollo de una alternativa propia de la clase trabajadora. Manos a la obra.

Lic. Christian Castillo docente de la UNLP y UBA