Desde que se desató la batalla por las retenciones, el Gobierno apeló como argumento para su política la necesidad de frenar la “sojización” del campo. Sin embargo, el Estado ha arrendado grandes extensiones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en su mayoría al Ejército. Muchas de ellas fueron alquiladas a grandes empresas agropecuarias, como los grupos Grobocopatel y Cresud, este último perteneciente al multimillonario George Soros. Además hay predios de aeródromos de la Aeronáutica que son destinados al mismo fin. La vinculación entre los militares y la actividad rural se extiende también a la ganadería. 

Por Alfredo Ves Losada

Apenas el primer chacarero salió a las rutas, allá por marzo, la presidenta Cristina Kirchner se aferró a su argumento: el aumento de las retenciones móviles no respondía –según dijo– al deseo de seguir engordando la recaudación fiscal, sino que tenía el espíritu de modificar la matriz agrícola y frenar la “sojización” del campo para defender la mesa de los argentinos. Cristina repitió esta idea en la Casa Rosada, en Parque Norte y por cadena nacional. La soja se convirtió en el enemigo público número uno para el Gobierno. Pero la mandataria se olvidó de un detalle que parece incongruente con esa idea: en los últimos años, el Estado ha arrendado a productores privados miles de hectáreas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército Argentino, para la siembra y cosecha de este “yuyo” tan maltratado por toda la administración nacional.
Si fuera un campito, un terreno perdido, podría pensarse en la casualidad, en un descuido, e incluso en algún hecho de corrupción regional. Pero como se trata de miles de hectáreas repartidas entre varias provincias, en las mejores zonas agrícolas del país, aparece como una práctica habitual y extendida que se realiza dentro de los marcos legales por decisión del Estado, y no por desidia. Así, en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires los patios del Estado nacional están alfombrados en su mayoría con soja.
En el Ministerio de Defensa no supieron decir de cuántas hectáreas en total se trata. Lo cierto es que en 2004 se destinaron 8.880 hectáreas pertenecientes al Ejército para el cultivo exclusivo de soja o para cultivos mixtos, de trigo y soja o fina y soja. En 2005 esa cifra fue de 4.290 hectáreas, en 2006 ascendió a 5.251 hectáreas y el año pasado 6.683 hectáreas fueron alquiladas con el mismo fin. En todos los casos, quien elaboró los pliegos de licitación de esas tierras fue el Estado nacional, y en ninguno de ellos se mencionan las propiedades dañinas de la soja que la Presidenta ha repetido desde distintos atriles. Y en 2008 –según informaciones de la Federación Agraria– la cifra ronda las 8 mil hectáreas, repartidas entre cultivos de soja y mixtos.
La Remonta. En la localidad de General Ordóñez, en el corazón sojero de la provincia de Córdoba, todo el mundo sabe lo que es “el campo de La Remonta”. Su nombre real es “Haras General Paz”. Y son 12.300 hectáreas pertenecientes al Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, ubicadas sobre la ruta provincial 6, a 200 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cerca de Bell Ville, uno de los bastiones más fuertes del sector agrícola.
Durante años, esas tierras se usaron como terreno para ganado o como unidades agrícolas para productores locales. Pero desde la devaluación y la explosión del consumo de soja, valen oro, y el Gobierno lo sabe. Por eso ha dispuesto que año tras año se arrienden distintas parcelas, y si se hace un detalle de los pliegos de licitación, queda claro que la mayoría de los terrenos se destinan a la siembra y cosecha de soja.
Otro capítulo tiene que ver con los beneficiarios de este sistema. Aunque los llamados a licitación suelen aparecer publicados en los medios locales, no son exactamente los productores de la zona los que se han llevado la mejor parte a la hora de pelear por los terrenos. Pese a que “La Remonta” tiene un área de casi 10 mil hectáreas que son aptas para la siembra, sólo hay un productor auténtico de la zona que posee 193 hectáreas, el resto ha estado en los últimos años en manos de grandes pools y fondos fiduciarios.
“Los grandes productores hacen ofertas imposibles de igualar por la gente de la zona, y en muchos casos pagan por adelantado el monto total. Eso es un doble negocio fantástico: para el productor, porque se asegura enormes extensiones del suelo más rico del país, y para el Estado, porque obtiene el pago de una sola vez”, explica Mariano Bondone, presidente de la filial Bell Ville de la Federación Agraria. “Para que se tenga una idea del volumen de producción que se concentra en pocas manos en esos terrenos, basta decir que estos productores, por ejemplo, no van a recibir las compensaciones de las que habla el Gobierno ahora. Muchos de estos campos han sido alquilados por los Grobocopatel (uno de los principales grupos agropecuarios) entre 2004 y 2005, y ahora están en manos de Cresud, bajo distintas denominaciones”, señala. Cresud es el grupo inversor controlado por el magnate húngaro-estadounidense George Soros, y es uno de los gigantes del mercado agropecuario contra los que el Gobierno dice luchar.
Otra firma que controla grandes extensiones pertenecientes al Ejército –según informaron desde Federación Agraria– es “Marca Líquida”, un fondo de inversiones de la ciudad de Córdoba.
Doble contradicción. “En el caso de los campos de Ordóñez, la contradicción es doble: además de que el Estado mismo aparece arrendando terrenos para soja, después de hablar pestes de este cultivo durante meses, se deja absolutamente afuera al pequeño y mediano productor”, señala el intendente de esa localidad cordobesa, Dardo Iturria. “La Presidenta ha dicho –explica– que quiere ayudar al productor chico, pero los campos de los que dispone para hacerlo se los da a los pools, y por otro lado, al arrendarlos para soja, confirma que las acusaciones realizadas contra los productores sojeros son falsas”.
Iturria es intendente desde 1999 por el partido Unión por Córdoba, el ala del justicialismo provincial liderada por Juan Schiaretti. Y no tiene dudas de que el reparto de los terrenos del Ejército es algo planificado. “Me cuesta creer que el secretario de Agricultura, por ejemplo, ignore lo que sucede en las tierras que posee el Estado. Hay un dato que sirve para ilustrar cómo la toma de decisión pasa muy lejos de aquí: desde hace tres años, la apertura de las ofertas de las licitaciones por estos campos se hace en Buenos Aires, y nosotros no sabemos con precisión a quién son adjudicadas”.
Y acá aparece otro de los fantasmas de la realidad sojera, tanto las autoridades como los productores de Ordóñez aseguran que los grandes pools utilizan diferentes firmas y figuras legales para quedarse con los terrenos. “Con la legislación actual, eso no es ilegal, pero habilita una forma de competencia desleal, que se da ante la vista gorda del Estado”, asegura Iturria.
Aunque en menor escala, en Entre Ríos la práctica se repite: el Estado también arrienda campos que pertenecen al Ejército para la siembra y cosecha de soja. Lo hace desde 2003. Actualmente, de hecho, está abierta la licitación para una extensión de 460 hectáreas. Aunque a simple vista no parezca una extensión descomunal, se trata de casi 500 campos de fútbol, ubicados en una de las zonas más fértiles de la mesopotamia argentina. Este campo pertenece al Haras General Urquiza, ubicado en la localidad de Arroyo Clé, en el departamento de Rosario del Tala, en el centro de la provincia. Y el adjudicatario dispondrá del terreno por un período agrícola completo.
Lo mismo sucede con otro campo de 155 hectáreas perteneciente a la misma unidad militar. Y existe además otro campo en alquiler, de 300 hectáreas, destinado a la siembra de trigo y luego de soja de segunda. “Este tipo de rotación de cultivos es habitual y apunta a la rentabilidad, como lo demuestra el propio Estado; por eso no se entiende que el Gobierno acuse al productor que decide sembrar soja”, aseguraron desde la Federación Agraria. Los productores de la zona dicen que en ese caso debería hablarse de la “oligarquía militar”.
En la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas Armadas también disponen año a año el arrendamiento de parcelas pertenecientes al Haras General Lavalle, en la localidad de Tandil. Estos campos están ubicados en el cruce de las rutas provinciales 30 y 74, conforman un predio total de aproximadamente 2 mil hectáreas, y han sido históricamente utilizados para la cría de caballos para el Ejército. Allí también hoy hay parcelas sembradas con soja.
“Si se arriendan terrenos del Ejército, y en muchos casos a empresas tan vinculadas al Gobierno como pueden ser Los Grobo, alguien tendría que haberlo sabido, y por lo tanto deberían dar explicaciones”, aseguró el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. “Es una contradicción –señaló– que se utilicen de ese modo terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en lugar de llevar adelante una colonización de esas tierras para ayudar a los pequeños productores.” 

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