Un mimo a los jubilados

ANSES pagará las sentencias sin apelar

Unos 100.000 juicios por reajustes que están en trámite serán abonados por el Gobierno una vez que obtengan sentencia favorable.

Mariano Martín
05.07.2008 

Unos 100 mil juicios por ajustes jubilatorios tendrán un trámite acelerado a partir de una decisión del Gobierno de no apelar las sentencias de primera y segunda instancia favorables a los jubilados. Se trata de demandas iniciadas por personas que se jubilaron antes de 1995. Y que equivalen a la mitad de los juicios en trámite. La resolución de la Secretaría de Seguridad Social, publicada ayer en el Boletín Oficial, apunta a acomodar los trámites legales a los criterios fijados por los últimos fallos de la Corte Suprema.

Una resolución oficial instruyó a la ANSES a “desistir de los recursos extraordinarios en trámite ante la Corte Suprema” en los casos de juicios ajustados a los parámetros del fallo “Badaro”, que fijó un ajuste del 88 por ciento para ese caso. Tras esa sentencia, la Corte ordenó al Gobierno a fijar una movilidad de las jubilaciones. Hasta el momento, la Casa Rosada no acató.

La resolución 955 publicada ayer también extiende el beneficio para los juicios iniciados por regímenes jubilatorios especiales, de docentes, investigadores y diplomáticos, que no superan los 10 mil casos.

En los casos del régimen común, se calcula que hay unos 100 mil juicios por reajustes en los haberes en trámite, iniciados por personas que se jubilaron antes de la implementación del sistema de AFJP. Bajo la nueva resolución, una demanda que suele tardar cinco años en tramitarse en todas las instancias pasará a resolverse en alrededor de dos años. A partir de ahora, la ANSES pagará no bien exista una sentencia a favor del jubilado. Es decir, el Gobierno se comprometió a pagar las sentencias y los retroactivos sin apelarlas hasta las últimas instancias.

Para el caso testigo de un jubilado que cobra 896 pesos, la aplicación del fallo Badaro representaría una suba en su haber de 500 pesos y el cobro de un retroactivo promedio de 30 mil pesos, si el juicio tuvo un trámite de cinco años.

Con la medida, el Gobierno también respondió a una demanda iniciada en 1995 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el incumplimiento de las sentencias jubilatorias.

Las jubilaciones mínimas fueron las que más aumentos porcentuales tuvieron hasta ahora. Desde 2002, tras sucesivos decretos del Ejecutivo, la jubilación mínima pasó de 150 pesos a 690 pesos, con un incremento del 360 por ciento. La pirámide se achicó en los haberes superiores. Por caso, una jubilación que en 2002 era de 500 pesos, en la actualidad asciende a 896 pesos, pero según el fallo Badaro debería ser de 1.385 pesos (54 por ciento más). Mientras que un haber de 1.000, que en seis años subió a 1.630 pesos, de acuerdo con la Corte debería ser de 2.770 pesos (70 por ciento más).
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