El Gobierno invertiría $ 9000 millones en subas de salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y rebajas en Ganancias
El gobierno de Cristina Kirchner prepara una batería de medidas dirigidas a recuperar el poder adquisitivo de la clase media castigada por la inflación y por los cuatro meses de parálisis económica originada en la crisis rural. Con ello, la Presidenta apuntará a reconquistar a la opinión pública y a remontar la caída de su popularidad.
El plan está en borradores. Tendría un impacto fiscal de más de $ 9000 millones, según estimaron diversas fuentes oficiales a LA NACION. Las medidas están en su fase de análisis técnico.
En principio, se calculan unos $ 5000 millones para aumentos en el salario mínimo y en las asignaciones familiares; $ 3000 millones para otorgar la movilidad de las jubilaciones, y unos $ 1500 millones para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Se daría a conocer una vez superada la sanción de las retenciones en el Senado el miércoles próximo. "Serán anuncios escalonados; los tiempos se manejarán según sea el escenario tras el debate parlamentario", dijo un funcionario a LA NACION.
"Empieza otra etapa, ahora vamos a profundizar el cambio con Cristina", dijo anteayer el ex presidente y titular del PJ, Néstor Kirchner, en una reunión con partidos aliados en el NH Hotel, ubicado a metros de la Plaza de Mayo. Se refería al plan dirigido a recuperar la clase media. Intentaría así capitalizar el oxígeno político que cree que tendrá tras imponer las retenciones al agro, que le mejorarían los ingresos fiscales.
Dudas y certezas
"Queremos recuperar la clase media tras la crisis rural y reactivar la economía", dijo a LA NACION un allegado a Kirchner. "Todas esas medidas están en estudio", confirmó un hombre cercano al jefe del Gabinete, Alberto Fernández.
En el plan, trabajan los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Economía, Carlos Fernández; de Salud, Graciela Ocaña; de Trabajo, Carlos Tomada; Alberto Fernández, y el titular de la Anses, Amado Boudou, entre otros. De Vido y Tomada negocian con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
El gran interrogante en el Gobierno radica en cómo impactarán estas medidas redistributivas en las arcas fiscales. Las provincias y municipios dejaron de recibir recursos para obras públicas. Las empresas constructoras no cobran sus certificados de obras desde hace varios meses. El Gobierno se tendrá que hacer cargo de gastos operativos de Aerolíneas Argentinas, deberá pagar los reintegros de las retenciones y tendrá que poner en marcha el plan de obras que prometió con esos recursos. Además, crecen los subsidios a la energía y al transporte y los costos del gasoil importado. Y se deberán pagar vencimientos de deuda en el año por $ 7000 millones.
Por eso, De Vido está en contacto permanente con Moyano, que demanda la recomposición del poder adquisitivo. El aumento en las asignaciones familiares sería de casi el 30%, al igual que el del salario mínimo, vital y móvil, que iría de $ 980 a 1200 o 1250, según fuentes oficiales y sindicales. Para eso, el Gobierno deberá convocar al Consejo del Salario Mínimo, entre el Estado, el sector privado y la CGT.
La movilidad de las jubilaciones se analiza en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que aplicaría $ 3000 millones de recursos propios que hoy destina a inversiones de obra pública o créditos al Gobierno. Se enviaría al Congreso un proyecto para cumplir con la movilidad de las jubilaciones que ordenó la Corte y el Gobierno nunca acató.
También sería por ley la suba del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia, hoy fijado en salarios de $ 4577 para casados con hijos y de $ 3346 para solteros. No se definió si se reformulará o se eliminará la tablita del ex ministro de Economía José Luis Machinea.
También se evalúa si sería retroactivo al 1° de enero o al 1° de marzo últimos. De ello depende si el impacto fiscal es de $ 1500 o de 1000 millones. El nuevo piso para trabajadores casados rondaría los $ 5500.
"El gasto fiscal no importa demasiado porque todo iría al consumo, y el Estado lo cobraría por otro lado", dijo a LA NACION una fuente oficial.
Por Mariano Obarrio
De la Redacción de LA NACION
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