El paro patronal agrario trajo aparejado el desabastecimiento de los principales productos que componen la dieta básica de los sectores populares (carne, leche y cereales) y el aumento en los precios. Desde la tribuna de Parque Norte, Cristina el 27 de marzo denunció las consecuencias inflacionarias del lockout agrario argumentando que la suya era una batalla para mantener los precios a favor de la población. Sin embargo, las consecuencias inflacionarias denunciadas de ningún modo se vieron reflejados en el IPC elaborado por el INDEC publicando una ridícula suba de 1,1%, contra todos los pronósticos de las consultoras privadas, incluida Ecolatina, del ahora aliado Lavagna que había calculado un 3.5% de aumento.
A renglón seguido, Cristina aseguró que el incremento de los precios se retrotraería a los precios vigentes antes de lanzado el lockout. Pero los empresarios mantuvieron los aumentos, y según denuncian los diarios, también y paradójicamente, en los productos “acordados” con el Secretario de Comercio Guillermo Moreno. Lo que quedó claro es que el gobierno “nacional y popular” es garante de las ganancias que los empresarios se embolsaron gracias al aumento de los precios. Asimismo, el cinismo del gobierno llega a tal extremo que justifica los subsidios a los grandes empresarios supuestamente con la finalidad de controlar los precios, cuando en realidad estos embolsan hiperganancias generando inflación.
La escalada inflacionaria revela que los techos salariales de 19% establecidos por Hugo Moyano de la CGT y Hugo Yasky de la CTA son una farsa que esconde su otro objetivo: mantener la rentabilidad empresaria para conservar el “modelo de acumulación con inclusión social”. Con razón Cristina admitió en el discurso citado: “los dirigentes sindicales han comprendido que la patria está primero” al “no pedir aumentos salariales para que se derrumbara el crecimiento”. Evidentemente, el gobierno, las cámaras patronales y los dirigentes burocráticos de la CGT y la CTA sellaron una santa alianza para evitar la lucha de los trabajadores por sus legítimas demandas.
¿Qué están escondiendo?
Detrás del 1,1% de inflación el gobierno se propone ocultar la carestía del costo de vida para planchar los salarios. Tomemos un ejemplo: según el gobierno, los trabajadores estatales fueron privilegiados por recibir un incremento salarial superior a los trabajadores del ámbito privado. El gobierno miente. En las paritarias de 2007 los estatales obtuvieron un aumento de 16,5%, sin embargo la inflación alcanzó un 26,3%, con más de un 38% en el rubro Alimentos y Bebidas, de acuerdo a las estimaciones realizadas por los trabajadores de la Comisión Técnica de ATE-INDEC, amén del increíble dibujo de 8,5% confeccionado por la Intervención de ese organismo. Por ende, durante 2007 los estatales perdieron en la carrera contra la inflación más del 15% del poder de compra. Entre 2001 y 2007, los trabajadores estatales perdieron un 22,5% del poder adquisitivo del salario y los trabajadores privados no registrados un 18,8%. Sólo los asalariados privados registrados alcanzaron un poder adquisitivo superior al registrado en 2001 (Las inconsistencias del índice salarial del sector público. Un análisis a la luz de los datos oficiales. IEF-CTA. Abril 2008). En síntesis, luego de cinco años de crecimiento a razón de un 8% anual, el salario real promedio ni siquiera alcanzó los niveles del 2001, es decir, antes del momento de la crisis.
Estos elementos demuestran la gran estafa de los Kirchner al pueblo trabajador cuando afirman que están llevando adelante la “distribución de la riqueza”. Porque otro de los objetivos del mentiroso 1,1% es encubrir el incremento en los niveles de pobreza e indigencia. Hasta el consultor kirchnerista Artemio López afirma que durante el primer trimestre del 2008 el IPC alcanzó una inflación del 33.7%, pero el rubro alimentos y bebidas y las canastas básicas, que miden pobreza e indigencia, subieron 7,21% y 10,87%, respectivamente. Así López observa que la proyección de estos ítems, donde gravitan específicamente los alimentos, arroja una inflación anual de 30 y 40%, que se expresa en dos millones y medio de nuevos pobres urbanos y rurales, llevando la pobreza a 12 millones de personas, de las cuales cerca de 5 millones serían indigentes. Encima, el gobierno pretende convencernos de que con $455,5 una familia tipo puede permanecer por sobre los umbrales de la indigencia. Indudablemente, el gobierno se propone ocultar que por cada 5 puntos que aumenta el IPC habría 150 mil nuevos pobres.
Un programa para luchar contra la inflación
Frente a la creciente inflación provocada por el lockout agrario, debemos rechazar los techos salariales pactados por Cristina y la burocracia sindical. Recientemente, la dirección de FOETRA acordó un aumento salarial de 19,5% en tres cuotas. La última recién se cobraría en enero de 2009. Es una vergüenza. Por el contrario, los trabajadores docentes universitarios, rechazaron la propuesta salarial del Ministerio de Educación (19,5%) y reclaman un aumento salarial superior a 24%. Los funcionarios gubernamentales chantajearon diciendo que “no negociaban con medidas de fuerza”. A pesar de eso la CONADU histórica ratificó el paro de 48 horas. Para estar a la altura de las circunstancias los trabajadores tienen que pelear por la reapertura de las negociaciones paritarias (como planteamos en las páginas centrales de esta edición) para recuperar lo perdido, pues los asalariados destinamos entre el 60 y el 80% de nuestros ingresos al consumo de alimentos, uno de los rubros que más se incrementó.
• Hay que exigir un aumento de emergencia para todos los ocupados y desocupados, en el camino de un salario equivalente al costo de la canasta familiar con una cláusula gatillo ajustada por inflación para los trabajadores de la ciudad y el campo, y trabajo para todos.
• Hay que eliminar el IVA y todos los impuestos que gravan el consumo popular mediante los cuales el gobierno recauda para subsidiar a los capitalistas nacionales y extranjeros y pagar la deuda externa.
• Hay que imponer impuestos progresivos a los grandes empresarios y abrir los libros de contabilidad de las grandes empresas de la producción y los servicios formadoras de precios, para dar a conocer al pueblo sus ganancias y negociados a expensas de los asalariados. Los trabajadores y el pueblo debemos controlar los precios formando comités populares en los distintos barrios y la confiscación de los capitalistas que acaparan alimentos básicos para especular con los precios.
• La intervención del INDEC y la carestía del costo de vida plantean además la necesidad de elaborar una herramienta que mida la inflación y que le sirva a los trabajadores para luchar por sus reclamos. La CTA junto a los trabajadores y técnicos del INDEC que luchan contra la intervención podrían construir un índice para medir los vaivenes de los precios de los principales productos que componen el consumo de los trabajadores, tal como hizo efectivo la Comisión Técnica de ATE-INDEC en relación a los datos de 2007.
