El último informe de la SIGEN hace serias observaciones de la gestión económica y administrativa. Advierte sobre posibles “desvíos e irregularidades”. Y afirma que la Universidad está expuesta a “riesgos de magnitud”. En los próximas semanas se daría conocer un documento similar. Réplica de las autoridades del Rectorado a los auditores

El último informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la Universidad de La Plata (UNLP) realiza severos cuestionamientos a la gestión económico-financiera y administrativa de la casa de altos estudios.Entre otras observaciones, el documento, al que tuvo acceso Hoy, señala que muchas de las irregularidades son de “vieja data”. Y advierte sobre la “inadecuada gestión presupuestaria, deficiente gestión de recursos humanos y de recursos propios, incumplimientos normativos en la tramitación de compras y contrataciones, inadecuada gestión en los movimientos de fondos y rendición de cuentas”. Estas son sólo algunas de las de las deficiencias detectada por la Sigen, uno de los organismos de contralor que tiene el Estado nacional y cuyo función es la de auditar organismos y dependencias públicas.El informe de la Sindicatura también habla de “falencias detectadas en los sistemas informáticos de la organización, así como la falta de controles en la custodia y resguardo de los bienes de la Universidad, irregularidades en los dominios y titularidad de los terrenos y edificios ocupados, deficiencias en la seguridad y los diplomas en blanco”.“Todo esto afecta particularmente al sistema de control interno y demanda la pronta adopción de medidas correctivas a fin de revertir la situación descripta”, explica la Sindicatura. El informe tiene fecha de diciembre de 2007 y, en los próximas semanas, se daría conocer un nuevo relevamiento realizado por el organismo de contralor que, según pudo saber Hoy, sería de características muy similares. Es decir, incluiría fuertes cuestionamientos a la gestión de la casa de altos estudios.El período analizado por la Sigen es el año 2006, momento en que la Universidad era gobernada prácticamente por los mismas autoridades de la actualidad. “Si bien se han instrumentado acciones correctivas en el ejercicio bajo análisis, las mismas ni resultan suficientes para superar las debilidades que afectan al sistema de control interno, dada la significatividad y diversidad de las deficiencias existentes”, dice el informe. Y advierte que siete unidades académicas (facultades) “no proporcionaron información relativa al cierre del ejercicio, reflejando escaso compromiso con la actividad de control”.La respuesta de las autoridades del Rectorado, que comanda Gustavo Azpiazu, no tardó en llegar. Afirmaron que cada una de las observaciones realizadas por la Sindicatura fueron contestadas, y aseguraron que no fueron tenidas en cuenta por el síndico. “Esto es un problema de vieja data. Cuando la Sigen hace las observaciones, nosotros luego nos comunicamos con los facultades o dependencias para que corrijan las fallas. Y una vez que se concretan, lo comunicamos a la Sigen. Pero ellos no lo actualizan y vuelven a insistir con lo mismo”, le dijo a Hoy Marcelo Marcó, auditor interno de la UNLP. Marcó también cuestionó a la Sigen por aplicar metodologías que son propias para controlar ministerios, pero que no se corresponderían con las casas de altos estudios. “Las universidades son instituciones descentralizadas. No pueden pedir, como lo están haciendo desde la Sigen, que nosotros centralicemos todos los legajos del personal, cuando cada facultad tiene su propio departamento de personal. Lo mismo hacen con las facturaciones. Quieren que controlemos todas las bocas de expendio, y es imposible. Y si lo hiciéramos no sería una auditoría, sino intervención”, dijo Marcó.Las máximas autoridades del Rectorado pedirán una audiencia con el Síndico para transmitirles la preocupación e inquietud por esta situación. “El pedido de audiencia se concretará en los próximos días”, le dijo a este diario Julio César Mazzotta, asesor letrado de la UNLP. Desde la presidencia de la Universidad afirman que este mismo problema afecta a casi todas las casas de altos estudios del país. Y ponen como ejemplo que en el último informe de situación de la Sigen se afirma que 32 universidades, sobre un total de 39, “presentan problemas con la gestión de recursos propios”. “Si tantas irregularidades encontraron y si es cierto lo que ellos dicen, de que son anomalías que vienen desde hace mucho tiempo, tendrían que haber presentado alguna denuncia penal. Es más, tiene la obligación de hacerlo por ser funcionarios públicos. Pero no lo han hecho”, dijo Marcó. Otro cuestionamiento apunta a que la Sindicatura no debería ser, según la óptica de las autoridades universitarias, el organismo de contralor. “Las casas de altos estudios son autónomas, se manejan con presupuestos aprobados por el congreso nacional y, por ende, el organismo que tendría que ejercer esa tarea debería ser la Auditoría General de la Nación”, concluyó el auditor. Mas allá de las posturas encontradas, todo indica que se avecina una fuerte discusión acerca de los alcances de la autonomía universitaria y de la aplicación de herramientas que deben garantizar la transparencia en la gestión de una institución que tiene un presupuesto de más de 400 millones de pesos.

Diario Hoy